Reproducimos una muy interesante nota de la web www.realpolitk.com.ar donde queda claro que no todo es lo que parece.
REALPOLITIK
11 de abril de 2011
Durante la última dictadura militar que azotó a nuestro país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 los ciudadanos utilizaron frases que por sí solas describían una situación conflictiva y marcaron a fuego esa trágica época: dos de ellas fueron “Algo habrán hecho” y “No te metás” (así, con el acento bien pronunciado).
La primera de ellas, un sinónimo de la acusación rápida y desprejuiciada, hipócrita y falta de fundamentos cuando se conocía la muerte o la desaparición de personas que se oponían al régimen militar. La segunda, símbolo del miedo imperante.
El Proceso de Reorganización Nacional encabezado por los militares genocidas Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti tuvo la suma del poder para avasallar todos los derechos que se propuso. Lógicamente, nada se podía hacer desde la militancia política.
Transcurridos varios meses desde el inicio de la dictadura, unas mujeres comenzaron a reunirse frente a las cárceles, comisarías e iglesias para saber el paradero de sus familiares secuestrados. De a poco, fueron confluyendo en la Plaza de Mayo y como no podían concentrarse por la prohibición del gobierno de facto, comenzaron a dar vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo: nacía así, en 1977, la organización Madres de Plaza de Mayo.
¿Qué no se ha dicho de la lucha incansable de estas mujeres?, ¿Quiénes pueden negar el coraje que tuvieron aún en las condiciones más adversas de miedo y terror?.
Madres de Plaza de Mayo y luego Abuelas de Plaza de Mayo (que buscan a los nacidos en cautiverio y ya recuperaron a 103 nietos) todavía buscan la verdad y la justicia como muchos otros argentinos. Buscan saber quiénes fueron los militares y civiles que decidieron las muertes y las desapariciones de miles de personas.
SILENCIO LLAMATIVO
Sin embargo, llama demasiado la atención que dichas organizaciones se hagan las distraídas con la trayectoria de un hombre que supo estar en las filas del Servicio Penitenciario bonaerense durante la última dictadura –precisamente, en la controvertida unidad Nº 9- y hoy es ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Daniel Scioli: el "doctor" Ricardo Casal.
Cabe recordar que Casal fue designado en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires mediante el decreto Nº 4767/73 como “guardia” a partir del 1º de noviembre de 1973, durante el gobierno provincial de Oscar Bidegain. En ese momento, el presidente de la Nación era Juan Domingo Perón.
Producido el golpe militar el 24 de marzo de 1976, Casal pasó a desempeñarse como “cabo” por resolución III Nº 1961/78 a partir del 01/01/79. Por resolución III Nº 1787/80 pasó a revistar el grado de “adjutor”. Por último, y por resolución III Nº 787/81 fue ascendido con el grado de “subalcaide” del “agrupamiento profesional y técnico”.
Según la información de su legajo Nº 202.363, Casal se desempeñó como administrativo de la jefatura del SPB hasta 1980. Desde ese año y hasta el ’86, integró el departamento de Asuntos Legales de la jefatura y, paralelamente, ocupó los cargos de vocal y presidente de la comisión de Preadjudicaciones. Entre enero de 1987 y agosto de 1988, figura como asesor legal de la unidad Nº 1 de Olmos.
Durante esos años, al entonces joven Casal lo calificaron tres de los condenados en octubre de 2010 por el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata: Abel Dupuy en 1983 (subjefe del SPB), y Raúl Rebaynera y Víctor Ríos en 1986 y 1987, cuando ocupaban puestos de mando en la cárcel de Olmos.
Por expreso pedido suyo, y mediante la resolución III Nº 771/92, a partir del 01/07/92 la dirección de Personal del gobierno bonaerense dispone su “baja” en el cargo de “alcaide Mayor” del Servicio Penitenciario.
No obstante, durante las gestiones de los gobernadores justicialistas Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf y Felipe Solá, Casal se desempeñó en varias dependencias del ejecutivo, principalmente en la dirección General de Escuelas (luego dirección General de Cultura y Educación).
Pero su desempeño en el SPB durante la dictadura es lo que más complica el “currículum” de Casal: entre 1976 y 1982, varios de los presos políticos que pasaron por la unidad 9 lo habrían reconocido participando en interrogatorios realizados en salas especiales dispuestas en el penal. Hay quienes lo sindican dependiendo del área de “inteligencia” que comandaba Julio Barroso.
Barroso es sindicado como uno de los jefes del centro de detención clandestina denominado como “La Cacha” (ubicado en la localidad de Olmos, en La Plata), donde entre otros se habrían desempeñado varios agentes y oficiales del SPB. Por esos años habrían sido frecuentes los intercambios de detenidos entre la unidad Nº 9 y “La Cacha”.
Otro dato que lo vincula con su pasado carcelero es el siguiente: las nietas de Elvio Cosso, condenado a 25 años de prisión en el juicio de 2010, trabajan en el ministerio de Justicia y Seguridad. Una de ellas es la actual secretaria privada del subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín.
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en sintonía con el gobierno de Daniel Scioli (obsecuente con lo realizado por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en materia de derechos humanos) protegen el “historial” del ministro Casal. Si de algo hay que sorprenderse con las idas y vueltas de nuestra historia, vaya esta situación entonces.
TEORÍA PARA PENSAR
Hay una teoría que se comenta muy por lo bajo y es la siguiente: durante la dictadura militar 1976-83 hubo muchos “colaboracionistas” que ocuparon cargos importantes en distintos estamentos de las administraciones públicas nacionales, provinciales y municipales. Muchos de ellos eran agentes de inteligencia que reportaban al gobierno encabezado por el general genocida Jorge Rafael Videla.
Según se comenta, esos colaboracionistas estaban divididos en dos categorías: los “civiles” y los “profesionales”. En la práctica, esto significó que desde el retorno de la democracia y las posteriores investigaciones de violaciones a los derechos humanos sólo fueran identificados y condenados por la justicia como partícipes de la dictadura los “civiles”, mientras los “profesionales” que formaron parte de la estructura de gobierno ni siquiera fueron mencionados en ninguna de las causas que se abrieron para investigar los crímenes de lesa humanidad.
Vaya un ejemplo: Durante el juicio oral a cargo del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata realizado en la ex AMIA desde abril hasta octubre de 2010 -en el que se condenó a los jefes de la unidad penitenciaria Nº 9-, el ministro Casal nunca fue mencionado por los acusados ni los acusadores pese a haber desempeñado funciones allí durante la dictadura: nadie lo vio, nadie conversó con él, nadie lo conoció ni lo conoce…
Demasiadas sospechas ante semejante silencio.(www.AGENCIANOVA.com)
REALPOLITIK
11 de abril de 2011
Durante la última dictadura militar que azotó a nuestro país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 los ciudadanos utilizaron frases que por sí solas describían una situación conflictiva y marcaron a fuego esa trágica época: dos de ellas fueron “Algo habrán hecho” y “No te metás” (así, con el acento bien pronunciado).
La primera de ellas, un sinónimo de la acusación rápida y desprejuiciada, hipócrita y falta de fundamentos cuando se conocía la muerte o la desaparición de personas que se oponían al régimen militar. La segunda, símbolo del miedo imperante.
El Proceso de Reorganización Nacional encabezado por los militares genocidas Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti tuvo la suma del poder para avasallar todos los derechos que se propuso. Lógicamente, nada se podía hacer desde la militancia política.
Transcurridos varios meses desde el inicio de la dictadura, unas mujeres comenzaron a reunirse frente a las cárceles, comisarías e iglesias para saber el paradero de sus familiares secuestrados. De a poco, fueron confluyendo en la Plaza de Mayo y como no podían concentrarse por la prohibición del gobierno de facto, comenzaron a dar vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo: nacía así, en 1977, la organización Madres de Plaza de Mayo.
¿Qué no se ha dicho de la lucha incansable de estas mujeres?, ¿Quiénes pueden negar el coraje que tuvieron aún en las condiciones más adversas de miedo y terror?.
Madres de Plaza de Mayo y luego Abuelas de Plaza de Mayo (que buscan a los nacidos en cautiverio y ya recuperaron a 103 nietos) todavía buscan la verdad y la justicia como muchos otros argentinos. Buscan saber quiénes fueron los militares y civiles que decidieron las muertes y las desapariciones de miles de personas.
SILENCIO LLAMATIVO
Sin embargo, llama demasiado la atención que dichas organizaciones se hagan las distraídas con la trayectoria de un hombre que supo estar en las filas del Servicio Penitenciario bonaerense durante la última dictadura –precisamente, en la controvertida unidad Nº 9- y hoy es ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Daniel Scioli: el "doctor" Ricardo Casal.
Cabe recordar que Casal fue designado en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires mediante el decreto Nº 4767/73 como “guardia” a partir del 1º de noviembre de 1973, durante el gobierno provincial de Oscar Bidegain. En ese momento, el presidente de la Nación era Juan Domingo Perón.
Producido el golpe militar el 24 de marzo de 1976, Casal pasó a desempeñarse como “cabo” por resolución III Nº 1961/78 a partir del 01/01/79. Por resolución III Nº 1787/80 pasó a revistar el grado de “adjutor”. Por último, y por resolución III Nº 787/81 fue ascendido con el grado de “subalcaide” del “agrupamiento profesional y técnico”.
Según la información de su legajo Nº 202.363, Casal se desempeñó como administrativo de la jefatura del SPB hasta 1980. Desde ese año y hasta el ’86, integró el departamento de Asuntos Legales de la jefatura y, paralelamente, ocupó los cargos de vocal y presidente de la comisión de Preadjudicaciones. Entre enero de 1987 y agosto de 1988, figura como asesor legal de la unidad Nº 1 de Olmos.
Durante esos años, al entonces joven Casal lo calificaron tres de los condenados en octubre de 2010 por el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata: Abel Dupuy en 1983 (subjefe del SPB), y Raúl Rebaynera y Víctor Ríos en 1986 y 1987, cuando ocupaban puestos de mando en la cárcel de Olmos.
Por expreso pedido suyo, y mediante la resolución III Nº 771/92, a partir del 01/07/92 la dirección de Personal del gobierno bonaerense dispone su “baja” en el cargo de “alcaide Mayor” del Servicio Penitenciario.
No obstante, durante las gestiones de los gobernadores justicialistas Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf y Felipe Solá, Casal se desempeñó en varias dependencias del ejecutivo, principalmente en la dirección General de Escuelas (luego dirección General de Cultura y Educación).
Pero su desempeño en el SPB durante la dictadura es lo que más complica el “currículum” de Casal: entre 1976 y 1982, varios de los presos políticos que pasaron por la unidad 9 lo habrían reconocido participando en interrogatorios realizados en salas especiales dispuestas en el penal. Hay quienes lo sindican dependiendo del área de “inteligencia” que comandaba Julio Barroso.
Barroso es sindicado como uno de los jefes del centro de detención clandestina denominado como “La Cacha” (ubicado en la localidad de Olmos, en La Plata), donde entre otros se habrían desempeñado varios agentes y oficiales del SPB. Por esos años habrían sido frecuentes los intercambios de detenidos entre la unidad Nº 9 y “La Cacha”.
Otro dato que lo vincula con su pasado carcelero es el siguiente: las nietas de Elvio Cosso, condenado a 25 años de prisión en el juicio de 2010, trabajan en el ministerio de Justicia y Seguridad. Una de ellas es la actual secretaria privada del subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín.
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en sintonía con el gobierno de Daniel Scioli (obsecuente con lo realizado por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en materia de derechos humanos) protegen el “historial” del ministro Casal. Si de algo hay que sorprenderse con las idas y vueltas de nuestra historia, vaya esta situación entonces.
TEORÍA PARA PENSAR
Hay una teoría que se comenta muy por lo bajo y es la siguiente: durante la dictadura militar 1976-83 hubo muchos “colaboracionistas” que ocuparon cargos importantes en distintos estamentos de las administraciones públicas nacionales, provinciales y municipales. Muchos de ellos eran agentes de inteligencia que reportaban al gobierno encabezado por el general genocida Jorge Rafael Videla.
Según se comenta, esos colaboracionistas estaban divididos en dos categorías: los “civiles” y los “profesionales”. En la práctica, esto significó que desde el retorno de la democracia y las posteriores investigaciones de violaciones a los derechos humanos sólo fueran identificados y condenados por la justicia como partícipes de la dictadura los “civiles”, mientras los “profesionales” que formaron parte de la estructura de gobierno ni siquiera fueron mencionados en ninguna de las causas que se abrieron para investigar los crímenes de lesa humanidad.
Vaya un ejemplo: Durante el juicio oral a cargo del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata realizado en la ex AMIA desde abril hasta octubre de 2010 -en el que se condenó a los jefes de la unidad penitenciaria Nº 9-, el ministro Casal nunca fue mencionado por los acusados ni los acusadores pese a haber desempeñado funciones allí durante la dictadura: nadie lo vio, nadie conversó con él, nadie lo conoció ni lo conoce…
Demasiadas sospechas ante semejante silencio.(www.AGENCIANOVA.com)
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